IU exige al Gobierno que presente en seis meses una proyecto de ley sobre mediación familiar

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

  El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV) ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a remitir a esta cámara, en el plazo de 6 meses, un proyecto de Ley sobre mediación en conflictos familiares.

  La iniciativa, que recoge Europa Press recuerda que la reciente reforma de la Ley del Divorcio incluyó una disposición final que establecía la obligación del Gobierno de presentar esta norma, de forma que el juez establezca la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares, por vía de mutuo acuerdo, con la intervención de un mediador imparcial y neutral.

  IU-ICV recuerda que el objetivo de la mediación es mejorar la comunicación entre los miembros de la familia, reducir los conflictos entre las partes en litigio, favorecer los acuerdos amistosos, reducir los costes económicos y sociales de la separación y el divorcio y reducir el tiempo necesario para la solución de estas disputas.

  En España ya existen diversas leyes y reglamentos de ámbito autonómico que han instaurado la mediación familiar, como es el caso de Cataluña, Valencia Galicia y Canarias. Por este motivo, IU-ICV considera conveniente dictar una normativa de carácter estatal.

  Además, apunta que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil  ya prevé la necesidad de dar a las partes implicadas en un conflicto de este tipo la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de proceder a la apertura y continuación del trámite judicial.

UNA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO

  Con esta justificación, durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se acordó por unanimidad, a propuesta de IU-ICV,  incorporar la obligación del Gobierno de redactar una ley de mediación.

  Sin embargo, esta formación denuncia que han transcurrido más de seis meses desde la entrada en vigor de la reforma del divorcio, sin que hasta la fecha el Gobierno haya remitido a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los principios establecidos por la Unión Europea y en todo caso en los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto de los servicios de mediación creados por las comunidades autónomas.