El Gobierno quiere asegurarse de que los imputados en un proceso penal por violencia de g\u00e9nero pierden la custodia de los hijos. La lucha contra la violencia de g\u00e9nero, con reformas en tres vertientes -la guarda de los hijos, el patrimonio de las v\u00edctimas y el protocolo de los m\u00e9dicos de atenci\u00f3n primaria- acaparar\u00e1 el Consejo de Ministros de hoy. La ministra de Sanidad, Pol\u00edtica Social e Igualdad, Leire Paj\u00edn, plantear\u00e1 al Consejo la reforma del art\u00edculo 92 del C\u00f3digo Civil para que los jueces puedan determinar que los hombres involucrados en un proceso judicial -imputados, no solo denunciados- por un delito grave de violencia de g\u00e9nero no puedan conservar la guarda individual de sus hijos, que se garantizar\u00e1 a la v\u00edctima.<\/p>\n
Una medida que ha desatado la pol\u00e9mica y las cr\u00edticas de varias asociaciones de jueces que la consideran innecesaria. Los art\u00edculos 48 y 57 del C\u00f3digo Penal ya recogen como pena accesoria por delitos de violencia machista la posibilidad de retirar al maltratador la guardia y custodia de los hijos. Sin embargo, esa opci\u00f3n tiene ciertas lagunas que han permitido a los jueces otorgar la custodia de los hijos a padres condenados por violencia de g\u00e9nero tras un divorcio o una muerte. Son pocos casos, pero existen.<\/p>\n
Lo que pretende la reforma del art\u00edculo 92, tal y como recoge el texto que estudiar\u00e1 el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso este peri\u00f3dico, es precisar que en un asunto de divorcio, cuando hay abierto un proceso penal contra el padre como supuesto maltratador, no se le pueda dar la custodia individual -la ley ya imped\u00eda que pudiera tenerla compartida-. La nueva norma se aplicar\u00e1 a los "incursos en un proceso penal" por delitos de g\u00e9nero, es decir, no basta la denuncia sino que debe ser admitida a tr\u00e1mite por un juez, que tendr\u00e1 la \u00faltima palabra, subraya el Gobierno.<\/p>\n
La reforma busca con ello que ninguna mujer tema iniciar un proceso de divorcio. De hecho, explica Consuelo Abril, abogada de familia y vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Igualdad (Compi), este miedo act\u00faa como "elemento disuasorio" para muchas mujeres que no entablan una demanda de separaci\u00f3n por el riesgo a perder a los menores a su cargo. Solo hay que observar los datos: apenas un 13% de las mujeres maltratadas inician un proceso de divorcio, adem\u00e1s de uno por delitos de maltrato.<\/p>\n
La norma tiene, adem\u00e1s, otro \u00e1ngulo. Los maltratadores no podr\u00e1n quedarse la custodia de los hijos tampoco en caso de fallecimiento de la pareja, seg\u00fan precis\u00f3 ayer una portavoz del ministerio de Sanidad, Pol\u00edtica Social e Igualdad. "Se trata de proteger al menor en todos los casos", explica esta portavoz.<\/p>\n
Se calcula que alrededor de 800.000 menores han sufrido de manera directa o indirecta por la violencia machista. Este a\u00f1o, adem\u00e1s, es particularmente sangrante, 13 menores han muerto asesinados junto a sus madres por sus padres. Sin embargo, en cinco a\u00f1os de aplicaci\u00f3n de la ley integral contra la violencia machista solo se ha retirado la guarda y custodia a padres condenados por malos tratos en 11.000 ocasiones. Y m\u00e1s all\u00e1, solo en 544 casos perdieron la patria potestad. Esto entre 145.000 condenados por violencia sexista.<\/p>\n
"Los jueces no suelen aplicar estas medidas porque las considera demasiado tajantes. La reforma permitir\u00e1 unificar sus decisiones y que la custodia de los hijos no sea discutible. Un maltratador no puede ser un buen padre. Esa es la esencia", esgrime Consuelo Abril. La reforma evitar\u00e1 casos como el que esta jurista ha recurrido ante los tribunales, el de un juez que otorg\u00f3 la custodia \u00fanica de los hijos a un hombre condenado por malos tratos a su pareja porque esta ten\u00eda peor horario laboral para cuidar a los menores.<\/p>\n
Pero la de la custodia no es la \u00fanica medida: Paj\u00edn tambi\u00e9n llevar\u00e1 la lucha contra la violencia de g\u00e9nero al terreno patrimonial. Para ello pretende la reforma de los art\u00edculos 756 y 855 del C\u00f3digo Civil con el objetivo de evitar que un hombre condenado por maltrato se quede con el patrimonio de su pareja en caso de fallecimiento de esta. La reforma establecer\u00e1 que sean desheredados quienes hayan sido condenados no solo por el asesinato de su pareja, sino tambi\u00e9n delitos contra la integridad f\u00edsica y moral, la libertad de su c\u00f3nyuge o pareja y la de los hijos que convivan con ambos cuando dichos delitos conlleven pena grave.<\/p>\n
La ministra de Sanidad, Pol\u00edtica Social e Igualdad llevar\u00e1 al Consejo de Ministros de hoy tambi\u00e9n una medida para asegurar que las v\u00edctimas de la violencia de g\u00e9nero compatibilicen las ayudas econ\u00f3micas por este concepto con la pensi\u00f3n contributiva. Actualmente, si su renta anual excede los 4.755,80 euros como consecuencia de la ayuda como v\u00edctima pierde el derecho a percibir la pensi\u00f3n no contributiva.<\/p>\n
Pero la reforma que propondr\u00e1 el Gobierno quiere incidir tambi\u00e9n en la prevenci\u00f3n. Por eso se propondr\u00e1 el desarrollo de protocolos de actuaci\u00f3n y formaci\u00f3n sobre violencia de g\u00e9nero para los servicios sanitarios. Los centros de atenci\u00f3n primaria suelen ser los primeros en localizar s\u00edntomas de agresiones machistas. Sanidad, Pol\u00edtica Social e Igualdad pretende desarrollar una f\u00f3rmula de colaboraci\u00f3n con los colectivos sanitarios para que se involucren en denunciar las situaciones que detecten. Ahora mismo solo un 19% de los centros de salud dispone de un protocolo espec\u00edfico de actuaci\u00f3n en casos de violencia de g\u00e9nero, seg\u00fan la Sociedad Espa\u00f1ola de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).<\/p>\n
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