El Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc\u00eda ha aprobado el proyecto de la Ley de la Mediaci\u00f3n Familiar en la comunidad andaluza, que regular\u00e1 este procedimiento extrajudicial para la resoluci\u00f3n de conflictos entre miembros de una familia a trav\u00e9s de la intervenci\u00f3n de profesionales especializados, imparciales y neutrales. <\/p>\n
El proyecto, remitido al Parlamento andaluz para su aprobaci\u00f3n definitiva, establece qui\u00e9n puede solicitar la mediaci\u00f3n y qu\u00e9 conflictos pueden entrar en su \u00e1mbito, as\u00ed como el r\u00e9gimen sancionador por el incumplimiento de los deberes que corresponden a los profesionales mediadores en el ejercicio de sus funciones.<\/p>\n
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De acuerdo con el texto, pueden solicitar voluntariamente la mediaci\u00f3n personas casadas, parejas de hecho, parejas sin v\u00ednculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, adem\u00e1s de personas adoptadas o acogidas y sus familias biol\u00f3gicas, adoptivas o acogedoras, y tambi\u00e9n las que ejerzan la tutela sobre menores y sobre personas con discapacidad intelectual.<\/p>\n
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Entre los conflictos que podr\u00e1n ser objeto de mediaci\u00f3n, figuran los relativos a medidas motivadas por separaciones, divorcios o disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas en situaciones de dependencia; relaciones de menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela. La mediaci\u00f3n familiar, no obstante, quedar\u00e1 expresamente excluida en situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier otro miembro de la familia.<\/p>\n
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La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, explic\u00f3 tras el Consejo de Gobierno que el procedimiento no supondr\u00e1 ning\u00fan coste para quienes cumplan los requisitos que actualmente rigen en la asistencia jur\u00eddica gratuita. En el resto de los casos, se abonar\u00e1n las tarifas que se establezcan reglamentariamente. De igual modo, se garantizan los principios de voluntariedad de las partes que soliciten la mediaci\u00f3n, la imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora y la confidencialidad de la informaci\u00f3n obtenida durante el proceso.<\/p>\n
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La mediaci\u00f3n ser\u00e1 ejercida por profesionales con titulaci\u00f3n universitaria en disciplinas de Derecho, Psicolog\u00eda, Psicopedagog\u00eda, Sociolog\u00eda, Pedagog\u00eda, Trabajo Social, Educaci\u00f3n Social o cualquier otra licenciatura o diplomatura de car\u00e1cter social, psicol\u00f3gico o jur\u00eddico. Estos profesionales quedar\u00e1n inscritos en el Registro de Mediaci\u00f3n Familiar de Andaluc\u00eda, cuya creaci\u00f3n tambi\u00e9n dispone el proyecto de ley. El posterior desarrollo reglamentario determinar\u00e1 la formaci\u00f3n espec\u00edfica y la experiencia que deber\u00e1n acreditar.<\/p>\n
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En cuanto al r\u00e9gimen disciplinario aplicable a los profesionales mediadores, la norma prev\u00e9 sanciones que van desde los 300 euros para las infracciones leves hasta los 15.000 euros y la suspensi\u00f3n de la actividad entre uno y tres a\u00f1os para las muy graves.<\/p>\n
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La Junta de Andaluc\u00eda desarrolla desde 2001 un programa de mediaci\u00f3n familiar a trav\u00e9s del cual se han atendido m\u00e1s de 3.000 casos, con una inversi\u00f3n total de dos millones de euros<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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