Una ley reconocerá el derecho de los vascos a la mediación familiar

El Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto de Ley vasca de Mediación Familiar, que garantiza el derecho de cualquier ciudadano a encarar su divorcio mediante una fórmula «pacífica», a través de un acuerdo con su pareja que no le obligue a recurrir a la vía judicial. El objetivo del nuevo texto legal, que deberá debatirse en el Parlamento vasco, es que la mediación se consagre como un derecho universal  para toda la población de la comunidad autónoma.

En la actualidad existen dos órganos públicos de mediación familiar en Euskadi. Uno depende del Gobierno vasco y está radicado en Bilbao, mientras que el otro es gestionado por el Ayuntamiento de Vitoria y se ocupa de parejas con hijos menores de edad. Según el consejero Madrazo, el proyecto de ley pretende consolidar un servicio «fuerte» en cada territorio histórico, así como estudiar fórmulas para coordinar el trabajo con otros organismos ya en funcionamiento.

El Gobierno vasco ha querido incidir en la profesionalización de la mediación familiar para que se realice con las máximas garantías y posibilidades de éxito. Por ese motivo, la futura ley establece unos niveles de formación, titulación y experiencia mínimos que deberán acreditar quienes vayan a ejercer profesionalmente en este ámbito.

Según explicó el consejero, se exigirá un título o diplomatura en el ámbito de las Ciencias Sociales y la Educación, además de una preparación específica en mediación. A continuación, las personas que cumplan estos requisitos pasarán a formar parte de un registro de personas mediadoras, una medida que pretende asegurar que los ciudadanos sean atendidos por personal realmente capacitado.

El servicio de mediación de Bilbao atendió a 2.345 personas en 2005, y el de Vitoria a 145 parejas durante el primer semestre del año pasado.