Llega la mediación familiar

En todos los ámbitos de la vida surgen conflictos. Peleas de niños, zancadillas de mayores y querellas de ancianos. Agresiones, insultos, discriminaciones, ninguneos e infinidad de arrebatos por no saber dialogar. La mediación es un proceso alternativo a la vía judicial que pretende resolver, entre otros, los problemas familiares. Para ello es necesaria la intervención de un profesional imparcial, el mediador, que facilita el entendimiento entre las partes, clarifica y genera opciones basadas en intereses. El mediador es un artífice de paz social donde todos salen ganando gracias a un acuerdo consensuado por los propios interesados. El pacto tiene que ser justo, equilibrado y tangible.

El papel del mediador no es el de un juez, ni el de un abogado, sino el de un facilitador de la comunicación, fomentando el respeto y la transparencia. Si consigue que las partes se reconozcan como seres humanos, con necesidades e intereses, ayudará a transformar la sociedad. Aunque la diplomacia no es la panacea de todos los males puede ser la solución. El mediador es un agente de cambio que construye puentes de diálogo, ayuda a imaginar un futuro en positivo, estimula, promueve la reflexión y activa la búsqueda de nuevas estrategias.

El próximo jueves 22 de marzo se pretende aprobar la ley de Mediación Familiar del Principado de Asturias. Vaya por adelantado que desconozco el texto último que será ratificado (aunque sí conozco el borrador y las leyes que existen en otras comunidades). En cualquier caso, sorprende que los decanos de los ilustres colegios de Abogados de Gijón y Oviedo, así como el grupo parlamentario del Partido Popular se hayan opuesto tajantemente a la aprobación de dicho texto, indudablemente sus razones tendrán.
En un artículo publicado en La Nueva España el pasado 17 de marzo y firmado por Pedro Hontañón y Sergio Herrero Álvarez, indican que «la función que hasta ahora venía ejerciéndose por los profesionales del derecho pasará a ejercerse por psicólogos, pedagogos, trabajadores y educadores sociales».
En primer lugar, matizar que dichos profesionales lo único que pretenderán será intentar llegar a un acuerdo que se traducirá en un convenio que será legalizado por un abogado. Además, parecen soslayar que en la ley también se da cabida a los abogados como mediadores, siempre que realicen un curso de reciclaje en la materia; incluso en otras comunidades el abanico de profesionales se amplía a todos los licenciados. Así, por ejemplo, los economistas podrían actuar como mediadores en casos de conflictos hereditarios en empresas familiares. Sin embargo, se encuentran discriminados en este proyecto de ley y curiosamente se puede dar el caso de que profesionales puedan cumplir los requisitos para actuar de mediador público en otras regiones, pero no en Asturias.

Las dudas más serias surgen con el tema que citan los ilustres decanos del derecho sobre el «carácter complementario y no alternativo»; entiendo que las personas que opten por acudir a la mediación lo harán libremente y en caso de que no lleguen a un acuerdo podrán iniciar la vía judicial ordinaria. Si es así no veo el inconveniente de la ley.
En los juzgados, el juez podrá informar de esa «vía alternativa» para los casos que considere conveniente. De esta forma, con el apoyo necesario se puede llegar a una solución de mutuo acuerdo. Por ejemplo, en intervenciones penales juveniles, en conflictos surgidos en la pareja: crisis de convivencia, separaciones, reparto patrimonial, acuerdos para fijar la patria potestad de los hijos etcétera. Pero cuando una persona anula completamente a la otra o cuando hay violencia manifiesta no hay mediación posible, la única vía de arreglo es la justicia. Por tanto, habría que clarificar realmente en qué casos es aconsejable y conveniente la mediación.
El totalitarismo y la testarudez en las posiciones es muy difícil de mediar. El respeto a la identidad es una necesidad básica del ser humano y con las necesidades básicas no se negocia. El ser humano posee capacidad intelectual para pensar por sí mismo y es capaz de decidir sobre cuáles son sus propios intereses y desconfiar de alguien que cree lo que le conviene.

Nuevos tiempos y nuevos métodos de trabajo. La mayor dignidad del ser humano es saber decir no ante situaciones despóticas que carecen de argumentos convincentes. Los dictadores utilizan el poder como arma de dominación. El verdadero líder resuelve los conflictos con la razón, respetando a las partes en desacuerdo, convirtiéndose así en una autoridad en el arte de resolver conflictos. Por eso, la mediación es aplicable a todos los ámbitos de la vida.
La portavoz del Partido Popular, Cristina Coto, aseguraba hace unos meses que se habían oído críticas respecto a ciertos «intereses particulares». Quizás ese sea uno de los puntos más polémicos del proyecto. Se creará un registro de personas mediadoras y ahí comienza el tráfico de influenciasÉ ¿Quién podrá ejercer en la materia? La Universidad instauró un curso de postgrado en «Experto», con unos requisitos específicos para su acceso.
No obstante, en el ámbito privado también se puede mediar. En las empresas familiares es muy útil para la resolución de problemas hereditarios. Pero para poder aplicarse el primer mandamiento de toda familia empresaria debería fomentar la comunicación y la participación. Para ello es imprescindible instrumentalizar órganos de gestión que faciliten el consenso y el entendimiento entre las partes, en reuniones conjuntas donde se escuchen y debatan los intereses de todos. Igualmente es aconsejable la elaboración de un procedimiento que regule las relaciones entre la familia y la empresa, a través del protocolo familiar. Por desgracia si está instaurada una cultura dictatorial la mediación es imposible; estos casos suelen terminar en el Juzgado.

Con todo y con esto, sería conveniente que la ley de Mediación fuera aprobada con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios; y si aún hay desacuerdos quizá lo conveniente sería un aplazamiento. Sea como fuere, la reglamentación es necesaria. En la mayoría de las comunidades ya existen leyes autonómicas, los pioneros fueron Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias. Ante los buenos resultados regiones como Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid y Asturias se interesaron por desarrollar su propia legislación.

Para concluir, me gustaría recordar a John F. Kennedy, uno de los precursores de la filosofía mediadora: «No cerremos los ojos a nuestras diferencias; prestemos atención a nuestros intereses comunes y a los medios con los que conseguiremos resolver dichas diferencias».

Alfredo Muñiz.