C. JIMÉNEZ/ lne.es Ante una situación conflictiva dentro de la unidad familiar, la mediación de la misma ofrece soluciones más duraderas y de más fácil cumplimiento que las que ofrece el sistema judicial. La abogada y miembro de la Asociación Española de Mediadores Familiares, María José Fernández Vaciero, explicó ayer los principios básicos de la ley de Mediación Familiar aprobada por el Principado el pasado abril y que entrará en vigor el próximo 9 de octubre.
De entrada, Vaciero advierte de que «todos estamos capacitados para resolver nuestros conflictos», pero si no se logra un acuerdo feliz para las partes la mediación familiar es una solución válida. Y defiende que dar protagonismo a las partes implicadas, evitando que se inhiban en la resolución del conflicto a través de un representante legal, ayuda a resolver el problema de forma más efectiva.
En su justificación sobre la puesta en marcha de estas medidas para resolver las rupturas familiares, la letrada explica que la evolución de la sociedad moderna se acompaña de una pérdida de los valores morales, que la hacen una sociedad «más conflictiva». Ante esta situación, el objetivo de la mediación familiar no es otro que restablecer la comunicación entre los miembros de la unidad familiar, reduciendo el coste emocional para las partes y minimizando los efectos negativos del conflicto.
No obstante, Vaciero avisa de que la labor del mediador no es de tipo legal. «Es una persona neutral e imparcial, no decide ni asesora legalmente», apunta. Su papel es el de facilitar el acceso a la resolución del litigio, potenciando un clima de entendimiento y buscando los puntos comunes de intereses y necesidades entre las partes. «El mediador debe hacer que afloren esos intereses para ayudar a lograr un acuerdo», subraya la letrada.
Fernández Vaciero intervino ayer en un acto organizado por la vocalía de la Mujer del Partido Popular de Gijón en la Biblioteca Jovellanos. En el transcurso de la charla, la abogada gijonesa aclaró que la mediación familiar se aplica entre parientes por consanguinidad de hasta cuarto grado, llegando a cubrir problemas de herencias o de empresa familiar. También alcanza a los titulares de una tutela y a conflictos entre familias de adopción y familias biológicas. El mayor volumen de trabajo para los mediadores se refiere a conflictos de la pareja, vinculados a la ruptura del matrimonio o de la unión de hecho, a la guarda y custodia de los hijos y a la liquidación del régimen económico entre las partes.
Sobre la ley que entrará en vigor el próximo mes de octubre en el Principado, explicó que aún quedan pendientes de desarrollar tres reglamentos: el referido al establecimiento de un centro de mediación en Asturias, el que completa el desarrollo normativo de la ley y el que marca el régimen para acceder a la mediación familiar de forma gratuita. Cataluña fue pionera en 2001 en el establecimiento de medidas para la resolución de conflictos familiares aunque la primera recomendación europea data de 1986.