El Gobierno valenciano aprobó en sesión plenaria el decreto que desarrolla la Ley 7/2001, Reguladora de la Mediación Familiar en el ámbito de la Comunitat Valenciana, según informó el portavoz del Consell, Vicente Rambla, durante la rueda de prensa que ofreció para dar a conocer los temas tratados en el pleno.

En todos los ámbitos de la vida surgen conflictos. Peleas de niños, zancadillas de mayores y querellas de ancianos. Agresiones, insultos, discriminaciones, ninguneos e infinidad de arrebatos por no saber dialogar. La mediación es un proceso alternativo a la vía judicial que pretende resolver, entre otros, los problemas familiares. Para ello es necesaria la intervención de un profesional imparcial, el mediador, que facilita el entendimiento entre las partes, clarifica y genera opciones basadas en intereses.

De acuerdo con el texto analizado hoy por el Gobierno andaluz, podrán acogerse a esta fórmula las personas casadas; las parejas de hecho y aquellas sin vínculo legal pero con hijos comunes; los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad; las pers

R esulta muy interesante el debate abierto por la ley de Mediación Familiar para el Principado de Asturias, particularmente porque hablamos de una figura profesional que la ley denomina así: persona mediadora familiar. Y es más interesante aún la solicitud que esta norma hace a una serie de profesionales: psicólogos, trabajadores y educadores sociales como mediadores, además de los profesionales del derecho; quede claro que hablamos de un procedimiento extrajudicial y voluntario para solucionar conflictos, es así de sencillo.

Procesos de separación y divorcio, litigios a cuenta de la custodia de los hijos o de las pensiones de manutención, junto a conflictos por el cuidado de personas mayores y discapacitados son algunos de los asuntos que cada día llegan a decenas a los juzgados de familia andaluces contribuyendo a aumentar su carga de trabajo.